Adrian De La Cruz
Panorama Judicial.– El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Puerto Plata, solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los integrantes de una red dedicada a la explotación sexual, desmantelada durante varios operativos en esa provincia.
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata contra Rocío Nicole Paulino (alias “Mamasan”), Vanesa Sirete de Ventura, Medelyn Antorcha Francisco Cortés y Luis Carlos Céspedes Herrera.
La titular de la PETT, Yoana Bejarán, junto al fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Duncan Torres, y la fiscal Carmelina Soto, también pidió al tribunal que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a la magnitud de los hechos y la cantidad de víctimas involucradas.
Operativos y rescate de víctimas
Los imputados fueron arrestados durante allanamientos simultáneos ejecutados por la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (Uitimc), en coordinación con la Dirección de Persecución del Ministerio Público, la Fiscalía de Puerto Plata y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.
Las autoridades informaron que 20 mujeres fueron rescatadas como víctimas de la red de explotación sexual. Los operativos se realizaron en el centro de diversión nocturna Keobs Night Club, ubicado en la calle Las Palomas; en el edificio Carlos III, en la calle Primera de Cerros del Atlántico; y en un hotel de la provincia Puerto Plata.
Además, se mantiene activa la búsqueda de una mujer señalada como vinculada a la estructura criminal.
Modus operandi
De acuerdo con la investigación, la red explotaba sexualmente a mujeres de nacionalidad dominicana, haitiana y colombiana, quienes eran captadas mediante engaños y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad.
Las víctimas eran acogidas y retenidas en los establecimientos, donde se les restringía la libertad de movimiento mediante reglas, multas y vigilancia constante. La explotación se realizaba en habitaciones habilitadas para estos fines, bajo la coordinación directa de los imputados.
Los pagos efectuados por los clientes eran administrados y distribuidos por los miembros de la estructura, sin que las víctimas recibieran beneficios directos, lo que configura —según el Ministerio Público— los verbos rectores del delito de trata de personas: captar, transportar, acoger, retener y explotar, con fines de lucro ilícito.
Incautaciones
Durante los operativos, en los que participaron agentes de la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional, el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas y la ONG Anti-Trafficking Bureau (ATB), fueron ocupados:
- Una escopeta calibre 12 con más de 20 cartuchos
- Aproximadamente RD$900,000 pesos y US$26,600 dólares en efectivo
- Prendas de metal amarillo, presumiblemente oro
- Cuadernos, libretas de apuntes y equipos electrónicos
- Dos vehículos: un Hyundai Sonata y un Suzuki
Calificación jurídica
El Ministerio Público otorgó a los hechos la calificación provisional de trata de personas agravada, conforme a los artículos 1, 3 literales C y E, y 7 literales A y D de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Asimismo, imputa a los acusados los delitos de proxenetismo agravado, según los artículos 334 y 334-1, numeral 6, del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, y lavado de activos, en violación a los artículos 3 y 4 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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