Panorama Justicia. – El Ministerio Público informó este viernes que el presunto entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la Operación Cobra captó miles de millones de pesos para el enriquecimiento ilícito de sus integrantes, en perjuicio directo de los servicios sanitarios que ofrece el Seguro Nacional de Salud (Senasa) a la población dominicana.
De acuerdo con las evidencias recopiladas, algunos de los imputados utilizaban como excusa supuestas recaudaciones con fines políticos para obtener sobornos, recursos que luego destinaban a beneficio personal, incluyendo la adquisición de propiedades, la creación de empresas de carpeta para comprar y administrar bienes, así como diversas inversiones que actualmente son objeto de investigación.
Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, así como contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El pasado miércoles, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, explicó que a los imputados en este proceso ya se les están aplicando las disposiciones de la recién promulgada Ley núm. 97-25, que crea el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana.
Reynoso advirtió que el caso no ha concluido y que habrá más personas imputadas, al señalar que la investigación continúa arrojando nuevas pruebas. “Puedo dar seguridad absoluta de que habrá más personas imputadas”, afirmó.
Indicó, además, que entre los investigados figuran médicos y otros profesionales del área de la salud, debido a que los procedimientos bajo investigación implican actuaciones médicas. Asimismo, precisó que varios centros de salud ya se encuentran bajo investigación desde hace un tiempo.
La procuradora general explicó que, por la amplitud del caso, el Ministerio Público decidió judicializar la investigación en partes separadas, con el objetivo de facilitar el conocimiento del proceso por parte de los tribunales.
“Todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud, donde más de siete millones de dominicanos tienen su salud asegurada, tiene que responder ante la justicia. Para el Ministerio Público este es un caso de altísima prioridad”, sostuvo Reynoso.
Finalmente, aseguró que el equipo investigador continuará trabajando sin descanso, no solo para lograr sanciones penales ejemplarizadoras, sino también para que el Estado decomise y recupere cada peso obtenido de manera ilícita.
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